Terminada la chirigota constitucional, que había llevado al caos general entre 1820 y 1823, procedieron a encausar a los que se habían distinguido con el necrófilo emblema de “Constitución o muerte”, llamados “liberales o constitucionales” con toda clase de epítetos agraviantes y que en todo caso no fueron tantos los profetas de una nueva sociedad, como se predica al buen tuntún.
El 19 de febrero de 1821 trataron en Tafalla el maestro de la escuela y el capuchino Fray Patricio Ausejo acerca de un incidente ocurrido en misa mayor, en la que la gente al ser invitada a gritar ¡Viva la Constitución!, había gritado: ¡Viva la Religión, viva la Fe!; el maestro le dijo: “que cómo podía ser eso, siendo en su opinión el pueblo de Tafalla muy constitucional, el fraile respondió que no pasarían de 22 los constitucionales de Tafalla, que lejos de serlo, Tafalla era uno de los pueblos buenos”. Los datos estadísticos de la Ciudad del Cidacos quedaban, 20 años antes, en 602 casas útiles, 12 arruinadas y 3.800 personas. No hace falta discurrir mucho.
El 10 de julio de 1823 “Don Antonio Leoz, teniente alcalde de esta villa y juez nombrado para el embargo de los bienes muebles e inmuebles de varios constitucionales, mandado por el señor virrey de este Reyno, hace saber: que ninguna persona de cualquiera clase y condición que sea, compre, permute ni reciba cosa alguna perteneciente a las casas de Don Pedro Clemente Ligués, Don Mariano Aisa, Don Tomás Nabascués y difunta Doña Josefa Nabascués”.
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